La memoria de los olvidados

Adrián Sánchez Sánchez, Gema Pastor Roldán, Paloma Gandía Vicedo, Mar Hernández Bernabeu.

Recuerdo a los fusilados durante el franquismo. (Fuente: elaboración propia)

La mayoría de los españoles que vivían en 1975 recuerdan qué estaban haciendo el 20 de noviembre de ese mismo año. Forma parte de ese reducido número de días que perduran en la memoria colectiva, como el 11S o el 23F. En aquel entonces, aún no eran conscientes de que, con la muerte del dictador Francisco Franco, terminaban 36 años de dictadura. Tampoco sabían que las huellas del franquismo permanecerían visibles durante, al menos, 40 años más.

Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España dos días después del fallecimiento de Franco, aunque fue designado como sucesor en 1969 por el propio dictador. Sin embargo, el monarca mostró sus deseos de establecer una monarquía constitucional y se convirtió en uno de los protagonistas de la transición hacia la democracia.

En junio de 1977, tras haber sido legalizados todos los partidos políticos, se celebraron las primeras elecciones democráticas. Sobre los hombros del gobierno electo, presidido por Adolfo Suárez, recaía la responsabilidad de democratizar el estado y terminar con las estructuras de las que se había dotado el régimen franquista.

En este contexto fue aprobada la Ley de Amnistía, que anunciaba la amnistía de todos los actos de “intencionalidad política” realizados antes de 1977 y expresaba que las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la dictadura no podrían ser juzgadas. La ley continúa vigente en la actualidad a pesar de que en 2015, dos informes realizados por Amnistía Internacional y el Comité de las Naciones Unidas exigían al gobierno español su derogación.

La ley obviaba algunos aspectos inherentes a la dictadura, como la simbología franquista que se extendía por todo el territorio español, o las fosas comunes donde se encontraban los restos de miles de desaparecidos. “Después de la Transición, aunque durante ella no se prohibió recordar – de hecho se hicieron algunas actuaciones pequeñas, como exhumaciones y homenajes- acabó imperando un pacto de silencio, de olvido, unas reconciliaciones dictadas o “patrimonios errantes”, denuncia Jorge Ramos, doctor en Historia Contemporánea de la Universitat de València.

Situación actual del "Paredón de España", localizado en Paterna. (Fuente: elaboración propia)

La cuestión sobre la memoria histórica permaneció olvidada hasta el año 2000, cuando comenzaron a formarse grupos para la recuperación de la memoria histórica. Estaban formados por excombatientes de la Guerra Civil y por personas cuyos familiares se hallaban entre cunetas. El movimiento, que inicialmente surgió en Priaranza del Bierzo (León), con la creación de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se extendió con rapidez por todo el estado.

En Valencia fue creado, en 2002, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMHV), a raíz de un acto de homenaje en memoria de antiguos guerrilleros que la asociación Gavilla Verde celebraba en Santa Cruz de Moya. Su portavoz, Matías Alonso, asegura que España no solo tiene una asignatura pendiente con la memoria de las víctimas muertas y enterradas, sino también con la de las víctimas vivas. “Cada persona que enterraron dejó varios muertos en vida, que fueron sus mujeres, sus hijos; que a partir de entonces empezaron a vivir dentro de la más espantosa exclusión social e incluso acosos que empezaron inmediatamente en posguerra y no acabaron”.

A las reivindicaciones de estos grupos se añadió la presión internacional: la ONU equiparó a España con países como Irak, Chile o Argentina en un informe sobre Desapariciones Forzadas y el Consejo de Europa instó al gobierno español a erigir monumentos en memoria de las víctimas franquistas.

Una ley a medias
El debate se instaló en el parlamento, y, en diciembre de 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica . La Ley, compuesta por 22 artículos, declara la ilegitimidad de los tribunales y las sentencias franquistas, indemniza a algunas de las víctimas, establece que las Administraciones retirarán los símbolos que exalten el régimen franquista y anuncia que las exhumaciones serán sufragadas por la Administración.

Su aprobación no estuvo exenta de críticas. Ante el debate que se generó, muchos sectores del país y algunos grupos políticos de la oposición –cuyo principal detractor fue el Partido Popular- acusaron al gobierno de “reabrir viejas heridas”.

El entonces candidato popular, Mariano Rajoy, prometió que si ganaba las elecciones no destinaría “ni un euro público” para “las fosas de la guerra”. Cuando el Partido Popular accedió al gobierno en 2011, terminó con los presupuestos destinados a la aplicación de la ley. En 2012, recortó los presupuestos para la apertura de fosas en un 60 % y retiró la oficina de atención a las víctimas. En 2013, suprimió todas las subvenciones.

Matías Alonso resalta que, aunque la ley ha sido un instrumento fundamental para cerrar varias heridas, el problema que tiene es que “no está acabada de desarrollar” y permite “actitudes insumisas” sin que pase nada. Otro aspecto que denuncian las asociaciones de memoria es que los juicios sumarísimos del franquismo no fueron anulados en la ley, prolongando el modelo de “impunidad” que tiene el estado español con respecto al franquismo.

Jorge Ramos asegura que la recuperación de la memoria histórica -entendiendo como memoria histórica las vivencias y los derechos de aquellos que fueron olvidados- es una cuestión de salud democrática y un deber para el sistema político.

“Muchas de las tareas de memoria las han hecho asociaciones, movimientos sociales, personas individuales, grupos de música. La gran mayoría de las instituciones públicas no han hecho su deber de salud democrática, de aplicar los principios de “verdad, justicia, reparación”, de retirar los símbolos de la dictadura, de hacerle un homenaje a las personas que dieron su vida o que simplemente vivieron un periodo de libertades que el franquismo hizo desaparecer”.

La propuesta valenciana
Las iniciativas para la recuperación de la memoria histórica surgen ahora por parte de las comunidades autónomas. El pasado 9 de noviembre de 2016, Gabriela Bravo (Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas), presentó ante el Palau de la Generalitat el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunitat Valenciana. Las bases se remitirán a las Cortes Valenciana y se destaca el derecho de las víctimas y familiares de ambos bandos a la verdad, la justicia y la memoria. “No queremos una ley que separe, sino que integre, un instrumento que sirva para cohesionar, no para dividir” afirmó la titular de Justicia.

Monumento a los fusilados en el paredón de Paterna. (Fuente: elaboración propia)

Dentro de las propuestas se encuentra la recuperación e identificación de los restos de víctimas desaparecidas y la elaboración de mapas de localización para abrir y recuperar más de 300 fosas comunes. Además, se ordenará la retirada de los símbolos franquistas en el espacio público en el plazo de un año, bajo pena de multa de entre 2.001 y 10.000 euros. También se sancionará con multas elevadas la destrucción o el movimiento de terrenos donde se localicen las fosas. La nueva norma formará parte del contenido obligatorio dentro de los centros escolares.

Este anteproyecto recoge la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, dentro del cual también formará parte el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática. Esta iniciativa contará con una dotación presupuestaria de 224.000 euros y se prevé su puesta en funcionamiento para mediados de 2017.

Simbología franquista

Las huellas del franquismo

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Uno de los aspectos más reclamados por parte de los colectivos defensores de la recuperación de la memoria histórica es la eliminación de los símbolos franquistas que aún permanecen en las fachadas de los edificios públicos. En concreto, la Ley de Memoria Histórica determina en su artículo 15.1 la obligación de las Administraciones Públicas de tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Sin embargo, durante estos últimos años, los intentos de acabar con los vestigios del franquismo en las calles de Valencia fueron una auténtica lucha contracorriente. En este sentido, Matías Alonso explica que no hay voluntad política, ya que la ley deja la aplicación de las acciones de retirada de menciones honoríficas, placas y nombres de calles a las instituciones autonómicas y locales. En el caso del anterior equipo municipal del Ayuntamiento de Valencia, las iniciativas de retirada de títulos honoríficos no fueron bien recibidas, e incluso no fueron tomadas en consideración.

Ejemplo de ello fue la moción propuesta por PSPV, Compromís y EUPV en 2014 –y que previamente había sido rechazada en 2012-, en que se proponía la retirada de 24 menciones de honor a cargos de importancia del franquismo, entre ellos Francisco Franco y Carrero Blanco. En esta ocasión, la moción iba acompañada de dos informes independientes de la Universitat de València, elaborados por la Facultad de Derecho y la Facultad de Geografía e Historia. El PP de Valencia paralizó la propuesta a la espera de la elaboración de un nuevo informe por parte del Ayuntamiento. Finalmente, fue en abril de 2015 cuando le fue retirada la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia a Francisco Franco Bahamonde. Pocos años antes, la figura del dictador había sido desvinculada del título de Alcalde Honorífico, pero solo tras ser obligado por decisión judicial el equipo municipal de Rita Barberà.

Según Jorge Ramos, en la actualidad aún quedan 52 calles con “una implicación total y absoluta en cuestiones del franquismo”, a partir de un trabajo redactado y entregado recientemente al Ayuntamiento por el Departamento de Historia y Memoria Democrática de la Universitat de València. La Avinguda Baró de Cárcer –el primer alcalde franquista de Valencia-, la calle del Comandante Franco –en referencia al hermano del dictador, que bombardeó la ciudad en diversas ocasiones- y la calle del General Urrutia –militar sublevado en 1936 en Zaragoza- son algunos de los ejemplos de alusiones a levantamiento que podemos encontrar al recorrernos la capital del Turia.

Cruz de honores en la Parroquia de la Purísima Concepción. (Fuente: elaboración propia)

Los vestigios del franquismo también resisten en las fachadas de edificios públicos como el CP Padre Manjón y el CP Teodoro Llorente, donde encontramos sendas águilas imperiales en sus portones. Este símbolo resulta bastante frecuente en la capital valenciana; también nos da la bienvenida a las disposiciones de la Guardia Civil de Patraix y de Benimaclet, así como adorna las inscripciones de las calles y plazas –como el Calle de las Comedias y la Plaza de Alfonso el Magnánimo. Junto a ellos, las respectivas cruces de honores en la Porta de la Mar y la Parroquia de la Purísima Concepción de Nazaret recuerdan a aquellos sublevados caídos en la guerra, de manera similar a la colosal estatua presente en el Valle de los Caídos.

El hecho de mantener 40 años después esta simbología crea, según Matías Alonso, una “pátina de normalidad peligrosísima”, que muestra que la recuperación de la memoria histórica todavía es “una asignatura pendiente” en las instituciones locales y autonómicas.

Para poder recopilar geográficamente la localización de los perennes símbolos franquistas que permanecen en muchos municipios del Comunidad Valenciana, La Veu del País Valencià y Antifeixistes.org lanzaron una campaña en la que animaban a los usuarios a mandar fotografías de aquellos elementos de la dictadura que encontraran en sus localidades, indicando la ubicación.

Con la llegada al Ayuntamiento valenciano del equipo de Joan Ribó, se han iniciado trámites para retirar las distinciones mencionadas a diversas personas vinculadas al golpe de Estado. También se puso en marcha la orden para retirar ocho símbolos franquistas en los edificios del arzobispado de Valencia, el Ministerio del Interior, la Conselleria d’Educació y otras viviendas de carácter privado.

Placa de la Avinguda Baró de Càrcer, el primer alcalde franquista de Valencia. (Fuente: elaboración propia)

Escudo preconstitucional en el cuartel de la Guardia Civil de Benimaclet. (Fuente: elaboración propia)

Escudo preconstitucional tapado en el colegio Teodor Llorente. (Fuente: elaboración propia).

Escudo preconstitucional situado en la Calle de las Comedias. (Fuente: elaboración propia)

Fosas comunes

Fosas comunes: una asignatura pendiente

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Durante la Guerra Civil murieron más de medio millón de personas en España. Un número que aumentó considerablemente en los primeros años del franquismo, a causa de la represión. La mayoría de estas personas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por todo el país.

En total, el Gobierno de España calcula que hay 2.591 fosas comunes en España, que contendrían los restos de más de 120.000 personas . Sin embargo, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica aumenta la cifra de fosas al doble.

En el año 2007, la Ley de Memoria Histórica aprobó la creación de un mapa con todas las fosas comunes que hay en España. El artículo 12 de esta ley comprende, además, que el Gobierno deberá colaborar institucionalmente con las exhumaciones. El desarrollo de este mapa y las subvenciones para realizar exhumaciones se paralizaron en 2011, cuando el gobierno dejó de destinar recursos para cumplir la ley.

Según Alonso, durante el primer año de gobierno del PP, las subvenciones se redujeron de 6 millones de euros a dos y medio. Pero en los años posteriores, ni eso. “Nos dejaron con proyectos iniciados, con personas ya ilusionadas y documentación hecha, nos dejaron colgados”. Los Presupuestos Generales de 2016 demuestran que se ha producido un parón en las ayudas a las exhumaciones.

La Ley de Memoria Histórica implica a todas las administraciones públicas en la tarea de colaborar en las exhumaciones, pero esto depende mucho del color político de esas administraciones. Uno de los casos en que la voluntad política se ha sobrepuesto a la ley es el de Teófilo Alcorisa, que fue fusilado en 1947 por ser el padre de Pedro Alcorisa, un guerrillero maqui que estaba siendo buscado por la Guardia Civil. Teófilo abandonó la casa familiar una noche para responder a unas preguntas, pero fue ejecutado tras una semana de torturas.

La familia de Teófilo Alcorisa tardó 20 años en saber que estaba enterrado en el Cementerio de Valencia. No fue hasta el año 2009 cuando consiguieron la subvención del gobierno para realizar la investigación del lugar exacto donde se encontraban los restos y su posterior exhumación. Una vez localizados los restos, Pilar Alcorisa (la hija de Teófilo) y su familia tuvieron un inesperado inconveniente: el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, sno autorizó las excavaciones en el cementerio municipal. Debido a esta negativa, la familia tuvo que devolver la subvención porque el plazo concedido para usar el dinero había terminado.

Pilar  Alcorisa denuncia que la respuesta de la ex alcaldesa fue siempre la negación. Relata que ni siquiera “se dignó” a contestarles hasta el 2013, cuando Baltasar Garzón anunció que llevaría el caso a los tribunales de forma gratuita. En ese momento, cambió la posición de Rita Barberá.

La presión provocó que, en 2014, el consistorio permitiese exhumar los restos de Teófilo Alcorisa. No obstante, exigían que los costes de dicha exhumación, que ascendían a 50.000 euros, los tenían que pagar la familia. Pilar Alcorisa califica esto como un castigo que recibió por parte del equipo de gobierno. “Fueron dos castigos: uno que me crié sin padre y después, si quería recuperarlo, tenía que volver a pagar 50.000 euros”.

El cambio de gobierno municipal en 2015  permitió que Pilar Alcorisa pudiese finalmente recuperar los restos de su padre. “Todos los grupos se pusieron de acuerdo en que el Ayuntamiento asumía los gastos. Si en mayo fueron las elecciones, en octubre ya se estaban haciendo las excavaciones para exhumar a mi padre”.

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Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo no se cumple la Ley de Memoria Histórica. En 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff presentó un informe en el que se ponía de relieve las carencias de España en cuanto a la Memoria Histórica. Este informe denuncia que las exhumaciones se delegan en las víctimas en vez de en las instituciones. El relator de Naciones Unidas muestra su “preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación de los restos”, destacando que las subvenciones en esta materia han sido anuladas.

Otro ejemplo de desentendimiento institucional es el Paredón de Paterna, el segundo sitio de toda España donde más gente se ejecutó. Este paredón (llamado también el Paredón de España), situado a 500 metros del cementerio municipal de la localidad, está totalmente desatendido y abandonado. Alonso defiende su recuperación ya que “ese debe ser el primer lugar de la memoria de la Comunitat Valenciana”.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, España es el segundo país de todo el mundo occidental en número de desaparecidos, solo por detrás de Camboya . Un dato que muestra la necesidad de un gobierno que atienda a las familias de todos esos desaparecidos.

Entrevistas

Matías Alonso, portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia.

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Jorge Ramos, doctor en Historia Contemporánea de la Universitat de València.

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Escrito por Paloma_Gandia el dic 14 2016. Archivado bajo Reportajes. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

1 Comentario por “La memoria de los olvidados”

  1. Nieves Vicedo

    ¡Qué pena y qué vergüenza! Tantas heridas sin cicatrizar hacen que la reconciliación entre las dos Españas sea imposible.

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