Reportaje Egunkaria

El pasado día 12 de enero comenzó el juicio sobre el caso Egunkaria, el diario vasco cerrado en 2003 por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, por presunta vinculación con la banda terrorista ETA.

Euskaldunon Egunkaria, el único diario que realizaba sus publicaciones en lengua vasca, fue clausurado por la Guardia Civil el 20 de febrero de 2003. La operación policial finalizó con diez miembros del diario detenidos por orden del juez Juan del Olmo. los imputados en el caso Egunkaria por presunta colaboración con ETA, fueron Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Iñaki Uria, , Pello Zubiria, Xabier Alegría, Fermin Lazkano, Luis Goia e Inma Gomila.

El 25 de febrero del mismo año, el juez ordenaba prisión incondicional para cinco de los detenidos: Torrealdi, Oleaga, Uria, Auzmendi y Alegria. Unos meses después, el 20 de octubre, la Guardia Civil llevó a cabo la detención del abogado de la sociedad Egunkaria, S.A., Eneko Etxeberria por auto del juez del Olmo.

Aunque el auto no detallaba las pruebas o indicios existentes en la causa, por estar declarada secreta, en los razonamientos juridicos se precisa que los imputados “materializan la presunta vinculación con la organización terrorista ETA”. El auto también apuntaba que las empresas Egunkaria Sortzen, S.L., Egunkaria, S.A. y el diario se beneficiaban económicamente de ETA, a través de la transferencia de fondos a cargo de la banda terrorista. Asimismo, el texto judicial observaba que el objetivo era crear un medio de comunicación que difundiese la ideología etarra.

El 25 de diciembre de 2003, el juez confirmó todas las imputaciones -menos la de Joxemi Zumalade- tras lo cual, los abogados de la defensa presentaron recursos de apelación en la Sala de lo Penal.

Ya en 2005, veintidós diputados del Parlamento Europeo firmaron una petición a favor del archivo del Caso Egunkaria: el vicepresidente del Parlamento Europeo, Gerard Onesta, miembros de cuatro grupos políticos (el Grupo Independencia y Democracia, la Alianza Libre Europea, los Verdes y la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), y un miembro no alineado a ningún grupo. A finales del mismo año, 61 diputados y senadores del Congreso se manifestaron a favor de cerrar el caso. Entre los manifestantes se encontraban miembros de PNV, EA, CC, IU, ERC y CiU. El 18 de noviembre de 2005, la mayoría del Parlamento Vasco pidió el archivo del caso. Sólo se mantuvieron en contra el PP y el PSOE. Un año más tarde, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, tras haber examinado las apelaciones presentadas por los abogados defensores, reconoció que no había ningún motivo ni prueba para clausurar el periódico. Así pues, pidió que se archivara el caso.

El juez Juan del Olmo reabrió el proceso de Egunkaria el 29 de marzo de 2007, ya que imputó y llamó a declarar a tres antiguos trabajadores del diario. El 10 de mayo, la Audiencia Nacional decidió celebrar el juicio por el Caso Egunkaria (sumario principal). El fiscal no pesentó ninguna acusación en la calificación escrita, pero el juez decidió celebrar el juicio por la causa económica.

El 20 de febrero de 2008 se organizó una numerosa concentración en el Parque Cultural Martín Ugalde (Andoain, Guipuzkoa), por el motivo del quinto aniversario del cierre del diario. El Gobierno Vasco volvió a pedir el archivo del caso. El 13 de mayo de 2009, y después de tomar declaración –por vez primera- a tres de los acusados de la causa económica, el juez Eloy Velasco decidió continuar con el juicio. Aunque los abogados defensores y el fiscal Carballo pidieron el cierre definitivo del caso, la acusación popular formada por AVT y Dignidad y Justicia pidió que se celebrara el juicio.

El pasado 19 de diciembre de 2009, se celebró en Bilbao una manifestación en apoyo a los cinco imputados de Egunkaria, a la cual acudieron numerosos afines al diario y a sus directores. La reunión sirvió para que los acusados se sintieran “reforzados” y pudieran sentir que todavía tenáin un gran apoyo, a pesar de los años que llevaban encarcelados y sinpublicar su diario. Joan Mari Torrealdai, uno de los imputados en el caso Egunkaria, afirmó en declaraciones posteriores que con “tanto apoyo”, sólo cabía esperar que en el juicio también se demostrase “que son inocentes”.

También quiso sumarse al acontecimiento el el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quién declaró haber leído “todas las resoluciones de Egunkaria” y haberse quedado “insatisfecho como jurista”. Explicó que no le han parecido “jurídicamente muy correctas algunas de las decisiones” que se han adoptado en el caso del diario vasco, el cual cuenta con tan solo un referente en toda la historia de la democracia española.

El pasado 12 de enero, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el ex responsable del aparato político de ETA, declaró ante la Audiencia Nacional que la organización criminal no “ha promovido ningún tipo de periódico ni nada que se le parezca”. El ex miembro de la banda ha querido hacer hincapié en que su declaración era “rigurosamente cierta”, y ha comentado que fue gracias al diario Euskaldunon Egunkaria que pudo reconducir su ideología y salirse de la organización terrorista vasca.

En esta última vista, la Fiscalía interrogó también a otros ex miembros de la dirección de ETA (Carmen Gisasola, José María Dorronsoro, José Domingo Aizpurua…) ante las acusaciones que estos vertieron sobre la Guardia Civil –que no ha declarado ni ha sido interrogada en el juicio-, a la que denunciaron por tortura durante la primera sesión del juicio. Algunos de los agentes sí han manifestado posteriormente que jamás se realizó ningún tipo de violencia durante sus detenciones ni tampoco durante sus encarcelamientos.

Sin embargo, estos tres guardias civiles sí comparecieron en la segunda sesión celebrada, en calidad de testigos. Los agentes respondieron al interrogatorio de la acusación popular –las asociaciones ATV y Dignidad y Justicia- así como a las preguntas de los abogados defensores de los imputados. En sus declaraciones, afirmaron que la investigación empezó tras el chivatazo de una serie de “relaciones entre un entramado mercantil y ETA”, indicios “evidentes” de vinculaciones entre el rotativo y la banda terrorista.

El agente instructor –cuyo nombre no se divulga en los medios de comunicación- reconoció que investigó “más de treinta empresas vinculadas a la cultura” del País Vasco, que pidió el cierre del periódico y que en todas, supuestamente, “había indicios” de uniones con ETA. Ante las denuncias de violencia y torturas, este mismo guardia civil ha declarado que “el único incidente” fue un “tropezón” por parte de uno de los imputados, Iñaki Uria, durante un reconocimiento médico. Otro agente ha apuntado que no recuerda “si Uria cojeaba durante los procesos”.

Los cinco directivos de Egunkaria que siguen acusados de integrantes de la banda terrorista ETA siempre se han declarado inocentes de los hechos que se les imputan y han rechazado que “ETA, KAS o cualquier otra organización interviniese en la creación y desarrollo del diario”. El propio ex director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, que trabaja como director del también diario vasco, Berria, ha resaltado la “independencia y pluralidad” de su diario, ha negado “haber recibido ninguna orden de ETA” a la hora de desempeñar sus funciones y además ha querido matizar que, de haber ocurrido, “no lo hubiera consentido”.

Los cinco acusados, que se enfrentan a penas de 12 y 15 años de cárcel, no han querido responder, en ninguna de las vistas del juicio, a las preguntas vertidas por la acusación –la asociación Dignidad y Justicia y la AVT-. En la última sesión, el abogado de la defensa reafirmó la postura de éstos, sobre todo después de que el Ministerio Público no haya presentado, finalmente, acusación, y haya pedido que la causa se archive. En esta ocasión, los imputados contaban también con el apoyo de numerosos representantes políticos, sociales y culturales vascos que se han trasladado a Madrid.

El lehendakari, Patxi López, también ha querido mostrar su apoyo a los imputados y así lo afirmó en una entrevista concedida a Radio Euskadi, mostrando su deseo de que “se haga justicia”, “la reflexión de la izquierda abertzale va por un lado, y ETA va por otro”. En esta misma entrevista, el lehendakari se reafirmó en que “los gobiernos deben perseguir a los terroristas y se debe exigir al abertzalismo radical que haga política como la hacemos los demás”. Sin embargo, se mostró escéptico ante el hecho de que el juicio “haya tardado ocho años en llegar, porque pone en entredicho la Justicia”.

El diario Egunkaria quedó clausurado como medida preventiva en 2003, quedando despedidos así todos los trabajadores del mismo, y además dejando como imputados a algunos de los redactores y directores del periódico vasco. A todos se les acusaba de ser integrantes de la banda terrorista ETA. Hubo que esperar hasta inicios de este año para que el juicio se celebrase. La Fiscalía ha decidido no presentarse como acusación. Es la primera vez que un periódico se clausura en democracia y el juicio no se resuelve hasta siete años después. El portavoz de la APM señala que “debieron haberse pensado y repensado muchísimo más las medidas. Ahora los daños son irreparables”.

Carmen Valdivia, Dolly Britton, Roberto Sahuquillo y José Carrasco.

Descenso del consumo navideño por la crisis

Las Navidades del 2009 han sido más austeras que el año anterior. Este año Papa Noel y los Reyes Magos han visto reducidas sus listas de regalos, ya que los españoles han tenido que apretarse el cinturon debido a la crisis.

Diversos estudios sitúan en 735 euros, lo que supone un 19,2% menos que en 2008, cuando el desembolso medio ascendió a 910 euros.

El ranking de regalos de estas Navidades en España está encabezado por ropa, libros, videojuegos y tecnología. El siguiente en la lista es recibir dinero, un regalo preferido por la clase media pero que la mayoria se resiste a regalar a sus familiares.

Respecto a la alimentación, se repite la misma historia del año pasado. El cochinillo y el cordero lechal vuelven a ser las estrellas del menú, pero no por el aumento de su consumo, sino todo lo contrario. Este año la venta de este tipo de carnes, cuyo precio ronda los 12 euros el kilo en el caso del cochinillo y los 16 euros en el caso del cordero, no ha tenido grandes cotizaciones debido al descenso del consumo como consecuencia de la crisis. En cambio, se prefiere la carne de pollo (2, 94 €/Kg) o de conejo (6,10 €/Kg) , mucho más económicas y asequibles para el bolsillo de los españoles.

Gráficos sobre la crisis navideña: http://www.elpais.com/graficos/economia/Navidad/tiempo/crisis/elpgraeco/20081201elpepueco_1/Ges/

repercusiones Cabanyal

María Gil y Mer Navarro

El Consell valenciano pretende sortear la orden de suspensión emitida por el Ministerio de Cultura (el pasado lunes 4 de enero), con el que este último busca frenar el plan de apertura de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar. El Gobierno central ha argumentado que el proyecto defendido por el Consell (que fue aprobado en 2001 por la Generalitat) supone un expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal, ya que implica la partición en dos del barrio y altera el conjunto protegido. Por su parte, el Consell asegura que “no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico del que forma parte el barrio”, que fue declarado en 1993 Bien de Interés cultural (BIC).

La estrategia empleada por el Consell para hacer frente a la iniciativa del Ministerio de Cultura se basó en la aprobación en pleno de un decreto de urgencia en el que se incluye la derogación de los puntos del BIC que entran en contradicción con el plan de abrir Blasco Ibáñez hacia el mar. La portavoz del Consell, Paula Sánchez, ha asegurado que con esta medida se intentan defender los intereses valencianos frente a una “nueva agresión” y un “brutal ataque” del Gobierno central. Asimismo, ha asegurado que el Consell presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional como respuesta a la orden de paralización del Gobierno. A este respecto (competencias del poder Ejecutivo central y el autonómico) se pronunció en mayo de 2009 el Tribunal Supremo, que emitió una sentencia en la que se otorgaba la responsabilidad de determinar si se produce o no expolio, en el caso de El Cabanyal, al Estado español.

Alejandro Escribano, arquitecto y uno de los impulsores del proyecto urbanístico de El Cabanyal, ha declarado que la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez es totalmente legal, y se ha mostrado sorprendido de que el Ministerio de Cultura lo haya utilizado como arma política. Por su parte, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha asegurado que el proyecto supone una “amputación” de parte del barrio, y que es “incompatible” con la protección del mismo.

Las asociaciones de comerciantes de El Cabanyal han defendido, en su mayoría, la prolongación del barrio marinero de Valencia, y han exigido celeridad en la acción urbanística. Representantes de la asociación Acipmar han manifestado que la apertura al mar “traerá progreso, juventud y vecinos”. Estas opiniones entran en conflicto con la postura de la Asociación de Vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, que considera “indignante” que el Conseller de Medio Ambiente (Juan Cotino) afirme que es el Ministerio de Cultura el que “impide que pongan en marcha medidas para rehabilitar el barrio”.

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