La crisis de las basuras golpea a Crevillente

La combinación de una empresa o fábrica “problemática” y una localidad pequeña y humilde puede resultar ser una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar. El inmovilismo social que en muchas ocasiones caracteriza a las localidades de nuestro país se puede tornar fácilmente en una actitud combativa e incansable que esté dispuesta a tomar las medidas que sean oportunas con tal de defender “lo suyo”. Sin embargo, en algunas ocasiones, ese inmovilismo (provocado por la afinidad política social, por el miedo al cambio o por falta de interés) está tan extendido entre las capas de una población, que un determinado grupo político o social debe tomar esa iniciativa de cambio. Una de estas situaciones viene produciéndose durante un par de años en la localidad alicantina de Crevillente, en la cual una planta de tratamiento de residuos ha roto con la monotonía que suele caracterizar a los municipios medianos.

“Crevillent: bona terra i millor gent”. Puede que este sea el dicho más famoso de una localidad alicantina cuya historia y volumen de población (28.000 hab.) la sitúan como una de las más importantes de toda la provincia. Situado en la comarca denominada como “Baix Vinalopó”, Crevillente ha crecido de forma notable durante las últimas décadas como una ciudad que ha sabido adaptarse al mundo industrial y al sector terciario, ofreciendo una gran cantidad de servicios de calidad en infinidad de ámbitos. En cuanto al sector industrial, Crevillente siempre supuso un referente en términos nacionales en la producción de alfombras, llegando a exportar grandes cantidades a países vecinos como Francia. Sin embargo, durante los últimos años, la actividad en este sector fue disminuyendo, provocando una gran pérdida de beneficios. Los despidos, el cierre de fábricas enteras y la parcial paralización de un sector que tanto había dado a la comunidad provocaron un cambio de rumbo laboral a nivel local.

Actualmente, Crevillente cuenta con cierta estabilidad laboral. Aparte de las fábricas de alfombras, durante años este municipio ha sabido aprovechar su geografía para el desarrollo de otro tipo de actividades. Concretamente, me refiero a la existencia de diferentes plantas industriales que desarrollan tareas diversas. Sin embargo, una de ellas lleva provocando problemas durante los últimos años.

El idilio de Abornasa S.A, una planta de tratamiento de residuos, y el Ayuntamiento de Crevillente empezó hace algo más de cuarenta años. En sus comienzos, la planta parecía funcionar correctamente, siguiendo todas las normativas y ejerciendo sus actividades siguiendo las precauciones medioambientales más estrictas que se suelen aplicar en estos casos. Tal vez esa sensación de que las cosas se estaban haciendo bien venía dada por un desconocimiento general de las actividades de la planta, o por un encubrimiento por parte de las instituciones municipales. Incluso puede que muchas personas tuvieran conocimiento de estas irregularidades pero no le otorgaran la menor importancia al problema. Sin embargo, en 2015 todo cambió. La denuncia por parte de un colectivo municipal a las actividades “irregulares” que venía practicando la planta de gestión de residuos Abornasa, desencadenó una serie de procesos civiles, judiciales y políticos que aún hoy en día siguen sin resolverse en su totalidad.

Planta de gestión de residuos de Abornasa. Fuente: Crevillent el meu poble

2015. El comienzo: la denuncia del Grupo L’Esquerra.

Años antes de que se destaparan definitivamente las malas prácticas llevadas a cabo tanto por el Ayuntamiento de Crevillente como por la empresa Abornasa S.A, ya se habían sacado a la luz las posibles irregularidades de esta planta de gestión de residuos. En el año 2009, llegó al Ayuntamiento de Crevillente un interventor, llamado Fernando Urruticoechea, para tratar de solucionar las carencias que presentaba la localidad alicantina. Urruticoechea centró bastantes esfuerzos en esclarecer la situación en la que se encontraba la planta de residuos de Abornasa, ya que presentaba algunos problemas de diversa índole que convenía solucionar. El ya exinterventor de Crevillente comenzó a sacar a la luz, a partir de investigaciones personales, una serie de irregularidades relacionadas con los residuos urbanos que esta planta trataba que dejó en evidencia la falta de profesionalidad y de legalidad por parte de las instituciones públicas locales y de la propia planta de residuos. Urruticoechea acabó teniendo fuertes discusiones con el ejecutivo crevillentino, sobre todo con su alcalde, César Augusto Asencio, lo que provocó que este interventor prácticamente huyera de la localidad.

Fernando Urruticoechea frente al Ayto. de Crevillente. Fuente: Diario Información

La recuperación por parte de los miembros de L’Esquerra (EUPV y ERPV) de esta serie de pruebas que consiguió almacenar Urruticoechea antes de abandonar Crevillente, permitió llevar al Ayuntamiento y a la empresa ante los tribunales. Así pues, tras 40 años de actividad ininterrumpida, la planta de gestión de residuos perteneciente a Abornasa S.A vio en 2015 como su situación cambió drásticamente. Alguna de las irregularidades más graves que presentaba la planta de residuos en cuestión, era que se encontraba (y se encuentra) situada en las inmediaciones del parque natural del Hondo, localizado en la Sierra de Crevillente. Para situar una nave de estas características en la zona colindante a un parque natural protegido se necesita una licencia ambiental. Abornasa S.A, por su parte, no contaba con ningún tipo de licencia de este tipo, a pesar de haberle comunicado al Ayuntamiento de Crevillente en varias ocasiones que se encontraba en pleno proceso de adjudicación de esta licencia y demás trámites.

Ante esta situación de total irregularidad legal, en marzo de 2015 se inició una investigación judicial por parte de la fiscalía en busca de pruebas que demostrasen que se habían cometido delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. En septiembre de ese mismo año, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche acabó declarando ilegal la planta de residuos por estar situada en un suelo de especial protección, ya que se encontraba en el paraje del Hondo, catalogado como parque natural protegido. Además, el contrato entre el Ayuntamiento y Abornasa se había adjudicado sin la preceptiva autorización ambiental. Por su parte, el alcalde crevillentino, se mostró contrario a esta resolución argumentando que la planta se encontraba fuera del perímetro de protección del parque natural y que contaba con diferentes permisos adquiridos (y caducados actualmente) durante los cuarenta años en los que la planta llevaba desarrollando su actividad en Crevillente.

Paraje Natural del Hondo. Fuente: CNT Elche.

Tras la sentencia del tribunal, que anulaba el contrato de la empresa de gestión de residuos y el ayuntamiento, Abornasa decidió cerrar cautelarmente la planta durante una temporada para no incurrir en ninguna responsabilidad legal seria. Este hecho supuso un gran problema para las provincias de la comarca, las cuales, según el Presidente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja se quedaron “con la basura en los pies”. Debido al cierre cautelar de Abornasa, muchas localidades debían transportar sus residuos camión por camión a localidades que se encontraban a bastantes km de distancia de la zona, como por ejemplo Xixona o Villena.

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Sin embargo, a finales de 2015, la planta volvió a abrir sus puertas para que se pudieran seguir llevando residuos no orgánicos, cuya gestión no incurría en ninguna responsabilidad legal, según el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, ya que no requieren ningún tipo de licencia ambiental. El alcalde de la localidad alicantina, celebró la reapertura de la planta manifestando el ahorro que supondría para el Ayuntamiento (49.637 euros) para el siguiente año. Por otra parte, los residuos orgánicos se llevarían a partir de entonces al consorcio de la planta de Elche, situado dentro de los límites de la legalidad.

2017. La denuncia del OCC y la investigación del Seprona.

A pesar de las sentencias emitidas durante el año 2015, ninguna de ellas afectaba directamente al alcalde crevillentino, César Asencio. La denuncia que en un principio interpuso el colectivo de L’Esquerra de Crevillente pretendía que el alcalde también se enfrentara a consecuencias legales, debido a su implicación directa respecto a las malas prácticas de Abornasa. Sin embargo, el Grupo L’Esquerra no consiguió reunir los recursos suficientes para mantener la acusación contra el alcalde.

Todo ello cambió en el año 2017 cuando el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) consiguió reunir los 4.000 de fianza que el juez exigía para mantener la acusación popular contra el ayuntamiento de Crevillente por su relación con los delitos ambientales llevados a cabo por la planta de gestión de residuos. La recaudación de este dinero se llevó a cabo por el OCC gracias a la ayuda de otro colectivo popular llamado Acción Cívica. De esta forma se pudo llevar adelante la acusación que afectaba directamente al ejecutivo crevillentino. El propósito de esta acusación no era otro que el de demostrar que las irregularidades en las que incurría la planta de residuos y las prácticas contaminantes que esta llevaba a cabo habían sido permitidas durante años por el alcalde del municipio alicantino. Concretamente se le acusaba de un delito de prevaricación administrativa y otro relacionado con daños al medio ambiente.

Residuos acumulados en la planta de Abornasa. Fuente: El Mundo.

Por su parte, el alcalde crevillentino, César Asencio, ante estas acusaciones, se mostró muy contrario a las intenciones de estos colectivos. Asencio calificó de “patochada” tanto las acusaciones llevadas a cabo dos años atrás por Esquerra Unida como la intención del OCC de continuar con la causa que afectaba directamente a su equipo de gobierno. Además, el alcalde volvió a defender su postura diciendo que la planta siempre presentó informes técnicos favorables y que las instalaciones de esta se encuentran “fuera del perímetro” del parque natural del Hondo. Según la versión de Asencio, el único problema que presentaban los permisos con los que contaba la planta de residuos era que caducaron hace tiempo, y que la verificación correspondiente era competencia de la Generalitat Valenciana, no de su gobierno. En unas declaraciones para Efe en ese mismo año, el primer edil afirmó que su gobierno “no había dado cobertura a la empresa” y que “no está ahí gracias al ayuntamiento, sino que lleva en el mismo sitio con permisos más de cuarenta años”.

Ante la situación convulsa que durante los últimos dos años se venía produciendo en Crevillente, diversos organismos de control comenzaron a investigar las actuaciones de la planta de gestión de residuos. Uno de ellos, el Servicio de Protección del Medio Ambiente (SEPRONA) de Elche se personó en la misma planta para tratar de descubrir posibles irregularidades. Este órgano de la Guardia Civil se encarga de aquellos delitos que tienen una consecuencia directa sobre elementos medioambientales. El Seprona llevó a cabo una inspección para determinar si las actividades que se realizaban en su interior a la normativa medioambiental y sectorial que rige este tipo de instalaciones. Finalmente, este órgano de control consideró que la empresa podría cometer infracciones administrativas dentro de diferentes ámbitos competenciales.

El Seprona encontró un gran número de irregularidades que dejaban en evidencia una falta total de profesionalidad y legalidad por parte de la entidad. Por un lado, el informe realizado por este organismo delató la falta de una serie de licencias municipales como son la urbanística para la edificación e instalación de infraestructuras industriales para un centro de estas características, además de la autorización ambiental ante el desarrollo de una actividad contaminante. En segundo lugar, en este informe también se alertó de que la empresa carece de una autorización ambiental integrada del Consell. Ante esta alerta, Abornasa declaró que “enviaron a la Generalitat la solicitud para obtener una licencia ambiental integrada, donde se encuentra recogida toda la documentación en vigor que solicitó el Seprona, pero se encuentra en manos de estudio del Consell”. Por otra parte, la investigación de la Guardia Civil denunció que no existía por aquel entonces acreditación para aceptar y gestionar residuos electrónicos y de línea blanca, y que la entidad no se encontraba inscrita como gestora RAEE’S. Por último, este informe también evidenció la inexistencia de un estudio previo al inicio de la actividad del estado de contaminación del suelo. Además, se denunció el hecho de que la entidad no se encontrase inscrita como actividad potencialmente contaminante para la atmósfera, ni acreditara la declaración de Evaluación por Impacto Ambiental en la Generalitat.

Una vez que el Seprona hizo públicos estos informes, se comenzaron a tomar medidas por parte de las instituciones públicas locales. Por su parte, el ayuntamiento de Crevillente, instó a Abornasa a que regularizase su situación en un plazo de dos meses, con la intención de que volviera a los límites de la legalidad cuanto antes. En caso de que Abornasa no tomara medidas al respecto, el ejecutivo crevillentino comunicó que abriría expediente de disciplina urbanística a la entidad.

2017. Anulación de la sentencia anterior e imputación del alcalde.

En noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia emitió una sentencia mediante la cual rechazaba el fallo judicial que anulaba el contrato entre Abornasa y el Ayuntamiento de Crevillente. Según el TSJ, la sentencia emitida dos años atrás por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo de Elche (en la que se anulaba el contrato entre el ayuntamiento y Abornasa) no tenía validez ya que el ayuntamiento no tenía por qué saber que la empresa no iba a conseguir la licencia ambiental integrada para continuar con su actividad, ya que se pensaba (desde el ayuntamiento) que estaba en trámites para obtenerla. De esta forma, esta nueva sentencia eximía al ayuntamiento crevillentino de parte de las responsabilidades relacionadas con las irregularidades que dos años atrás presentaba la planta de gestión de residuos perteneciente a Abornasa.

Por otro lado, ese mismo mes, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche admitió a trámite la querella que presentó en aquel año el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción contra el alcalde de Crevillente por la prórroga de la contrata de la basura. Por ello, César Augusto Asencio fue citado por este tribunal para declarar el día 22 de diciembre. La juez de este juzgado, tras repasar las acusaciones del OCC, consideró que el primer edil podría haber cometido delitos de prevaricación urbanística, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de un delito de exacciones ilegales (penado en el artículo 437 del código penal). De esta forma, se reabría de forma parcial (debido a la última sentencia de TSJ) la causa que inició el grupo municipal de l’Esquerra (EUPV y ERPV) años atrás, y que el OCC se encargó de mantener a través del pago de una fianza. En este nuevo proceso judicial, la juez pidió explicaciones al alcalde sobre los pagos a la empresa realizados durante los últimos 20 años. Según la jueza, existían en estos pagos “importantes deficiencias legales” como pueden ser la ausencia de documentos preceptivos, indeterminación en las prórrogas o inexistencia de pliego de prescripciones técnicas y memoria económica y financiera. Esta juez alegó que “el Ayuntamiento de Crevillent ha estado liquidando a la empresa Abornasa durante años y años, facturas de elevadísima cuantía por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos sin saber cuáles son las condiciones técnicas de los servicios prestados y dejando que fuese la propia empresa quien fijara el precio” a pesar de los informes realizados por el anterior interventor municipal.

El alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio. Fuente: El País.

El auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche también apuntaba que los intentos de legalizar la situación durante los últimos años por parte del Ayuntamiento de Crevillente no eran más que intentos para dar cobertura o apariencia de legalidad a una nueva adjudicación del servicio a esta misma empresa. Estos intentos pasaban por la elaboración de un Plan Especial redactado por la propia empresa Abornasa (como parte interesada no debía ser redactora) y que dejaba totalmente de lado las alegaciones presentadas por el grupo de L’Esquerra y otras organizaciones ecologistas. Finalmente, la juez también consideró que la zona en la que se encontraba la planta de residuos (zona del Hondo de Crevillent-Elx) es una de las tres áreas de todo el Sistema de Zonas Húmedas de Alicante que está incluida dentro de los LIC (Lugar de Interés comunitario) y catalogada como Zona de Especial Porteccion para las Aves (ZEPA), siendo “una de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico de la Comunitat Valenciana y de todo el Mediterráneo Occidental”.

Tras la publicación de este auto judicial, César Augusto Asencio se defendió reiterando que tanto él como su gobierno no habían hecho nada ilegal. Consideraba que estas acusaciones no eran más que un nuevo intento de L’Esquerra para desprestigiarle y hacer daño a su gobierno, tal y como ya habían intentado en el pasado.

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La imputación del primer edil crevillentino, provocó (y sigue provocando) un gran revuelo en el Ayuntamiento de Crevillente. Tras conocerse el auto judicial, durante el último mes del pasado año, el grupo municipal de Compromís preparó una moción de censura contra el alcalde de Crevillente. Este grupo cuenta con el apoyo del grupo de L’Esquerra, y se espera que para este mismo mes se consigan unir a la causa los dos concejales del PSOE y los de Ciudadanos, para conseguir que la moción de censura salga adelante. El escrito presentado por Compromís promoviendo la moción de censura defiende que “el alcalde debe presentar su dimisión y asumir su responsabilidad política por la demanda penal de Abornasa, cosa que no ha hecho”.

2018. Sobreseimiento de la causa contra el alcalde y situación actual.

El presente año comenzó con un nuevo capítulo en la trama Crevillent-Abornasa. El pasado 8 de enero, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche decretó el sobreseimiento provisional del caso Abornasa, por el cual se estaba investigando al alcalde crevillentino por delitos contra los recursos naturales y medios ambiente y prevaricación administrativa. La juez declaró que “de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de delito que ha dado motivo a la formación de la causa”. En referencia a los presuntos delitos contra el medio ambiente llevados a cabo por el ayuntamiento, la jueza afirmó que “la competencia para resolver sobre ello está sujeta a la a la supervisión de los órganos técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente y no solo del ayuntamiento”. De esta forma, se exime momentáneamente al acalde crevillentino y su equipo de gobierno de las posibles responsabilidades legales relacionadas con la planta de gestión de residuos de Abornasa.

Cuando se echa la vista atrás y se observa con detenimiento todo lo ocurrido durante estos dos años, es inevitable ser invadido por una sensación de frustración. Esta sensación es la que debe de imperar entre las capas de l’Esquerra de Crevillente tras ver como sus esfuerzos por limpiar la imagen del pueblo, se han visto enormemente frenadas. Josep Candela, actual regidor en el Ayuntamiento de Crevillente del Grupo de l’Esquerra, ha realizado una valoración general del proceso tras preguntarle acerca del punto en el que se encuentra el caso de Abornasa. Candela cree que la justicia ha actuado acorde a sus reglas, por lo que desde su partido respetan y acatan las decisiones. Sin embargo, también ha afirmado que durante este tiempo se ha podido comprobar que “los impedimentos que supone un sistema de costas restrictivo para el ciudadano, así como episodios de desidia i indiferencia desde la magistratura que atribuimos a la falta de medios y a la clara estrechez en la división de poderes en este país”. Además, ha añadido que, tanto a él como a su partido, les queda la sensación de que se podría haber hecho mucho más. Por otro lado, Josep Candela, también ha querido hacer referencia a las responsabilidades políticas que consideraría adecuadas para el alcalde crevillentino. Antes que nada, aclara que las consecuencias penales solo atañe a un juez administrarlas y que César Asencio tiene derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo su partido seguirá exigiendo responsabilidades políticas ya que creen que ha habido una omisión total del deber de defender la salud de los vecinos y el medio ambiente. Según el regidor de l’Esquerra, “la conclusión más terrible a la que llegas después de todo, es que hacen lo que hacen porque la ley les permite hacerlo.

Josep Candela, Regidor en el Ayuntamiento de Crevillente por el grupo l'Esquerra. Fuente: Crevillent el meu poble.

Candela también ha sido preguntado acerca de la falta de conciencia social y los impedimentos que puede encontrar un partido o colectivo cuando lleva adelante causas como esta. De lo primero el regidor crevillentino defiende que ese inmovilismo existe en todos nuestro país. “La falta de movilización social es generalizada, más aún cuando hablamos de conservación de nuestro entorno. Candela cree que la sociedad valenciana ha permitido en nuestro pasado más inmediato la devastación de nuestro territorio vendiéndolo “al mejor postor”. Ante esto, añade, más que lamentarse, se deben responsabilizar desde su partido y asumir que deben hacerlo mejor a la hora de convencer y concienciar a la opinión pública. De los impedimentos y presiones que afectan a un colectivo como el suyo en estos casos, Josep lamenta que la realidad sea esa. Habla de Fernando Urruticoechea, quien tras destapar las irregularidades de la planta tuvo que abandonar el Ayuntamiento de Crevillente ante dos expedientes sancionadores que finalmente quedaron archivados. “El Partido Popular sigue comportamientos que, sin querer ir más allá con las comparaciones, guardan relación con el hacer de una mafia”, declara Candela. Afirma que en el caso de Abornasa transfieren su relato a la red clientelar cosechada durante veintitrés años de gobierno para después presentarte como responsable de los despidos en la planta. “En un país avanzado el esclarecimiento de la verdad nunca se prestaría como una opción a elegir, eso solo ocurre donde impera la ley del silencio”, concluye Candela.

Por último, Josep Candela también ha expuesto la situación actual del caso y las previsiones futuras que se tiene acerca de este. Según Candela, actualmente la planta sigue sin licencia ambiental, por lo que de momento seguirá cerrada la línea de residuos sólidos urbanos, que es la línea más contaminante de toda la planta. Reconoce que la sentencia del TSJ anulando el auto de 2015 da alas a la empresa en su empeño de recurrir la denegación de esta licencia por parte de Conselleria. Sin embargo, añade que cabrá esperar a que se resuelvan de manera definitiva para determinar si cabe, por parte de su partido, alguna acción jurídica o administrativa más para impedir la llegada de nuevo de las basuras.

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Residuos acumulados en la planta de Abornasa. Fuente: El Mundo.

El alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio. Fuente: El País.

Fernando Urruticoechea frente al Ayto. de Crevillente. Fuente: Diario Información

Planta de gestión de residuos de Abornasa. Fuente: Crevillent el meu poble

Josep Candela, Regidor en el Ayuntamiento de Crevillente por el grupo l'Esquerra.

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Escrito por tanetma el ene 26 2018. Archivado bajo Reportajes. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

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