Marc Mullor Franco – Manuel Regidor González.- Mañana se convalidará el decreto-ley en las Cortes Autonómicas Valencianas que cambiará la legislación vigente en lo referente al patrimonio cultural. Con dicha aprobación, el plan urbanístico que pretende la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, lo cual supondría la destrucción de una buena parte del barrio histórico de El Cabañal, podría llevarse a cabo.

La amenaza de la ampliación de la vía acecha al barrio desde hace más de un siglo, poco después de que se anexionara a la ciudad de Valencia en 1897. Con la entrada del régimen franquista, el plan siguió su curso. Las primeras manifestaciones en contra de la destrucción datan de 1939, año en el que el Colegio de Arquitectos de Valencia elabora un informe en contra de este plan urbanístico.

Pero no fue hasta 1988, después de la muerte del Dictador y con el PP ya en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia, cuando el plan tomó forma. En este año se aprueba un Plan General de Ordenación Urbanística donde se propone  oficialmente una salida al mar de la Avenida Blasco Ibánez. Sin embargo, en 1993, El Cabañal fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de Cultura, con lo que su destrucción queda prohibida.

A final de la década de los noventa el proceso se intensifica. En 1998 el Ayuntamiento de Valencia aprobó el anteproyecto de la ampliación de la Avenida Blasco Ibánez hasta el mar. Los vecinos  se agrupan en la asociación Salven el Cabanyal para protestar contra la decisión del gobierno de la ciudad. Organizan una serie de actos y manifestaciones. Pero el plan urbanismo vive durante estos años una situación de tenso estancamiento, debido a dos voluntades: la de Rita Barberá y su equipo de gobierno de continuar con el Plan y la de los vecinos de pararlo.

Una situación que vive sus últimos acontecimientos en estos días, después de que el Ministerio de Cultura haya elaborado un informe en el que se afirma que un Bien de Interés Cultural no puede ser destruido. Informe que ha recibido una respuesta muy clara del gobierno valenciano: hacer un decreto ley que cambie la legislación vigente para que el Plan General de Ordenación Urbanística se lleve a cabo.

Noticia de El País

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